Estatuto Laboral Joven, la naturalización de la precarización.

Toda propuesta, medida o ley nunca es una apuesta en sí misma, sino en la medida o relación de poder dar forma y sistematizar una relación, comportamiento o sumisión de unos  sobre otros. Por ello hay que circunscribir el proyecto de Estatuto Laboral Joven dentro de una apuesta ideológica, desarrollada desde arriba, con el objetivo de socavar y debilitar lo que el mundo empresarial en concomitancia con gran parte de la clase política entiende como un obstáculo para el “desarrollo” y el mercado. Bajo esa lectura surge la pregunta ¿quiénes son su problema o  barrera para maximizar sus utilidades?  La respuesta a dicha interrogante es que  no somos los trabajadores el problema, nos necesitan, el obstáculo son nuestros derechos que más o menos nos cautelan en esta relación  entendida entre privados (empresario – trabajador) como dirían los liberales clásicos y sus neo – herederos. La dificultad y problema para el mundo patronal son las concesiones históricas que tuvo que hacer ante el cuestionamiento de su “Consenso Hegemónico”, dando forma, a su pesar, a lo que se comprendió como Estado Social de Derecho, el cual resguardó, mediante el establecimiento de un marco legal mínimo, nuestras relaciones y que ha debido enfrentar los zarpazos de un modelo Neoliberal que lo ha sindicado como su principal problema.  No debe ser novedad que bajo esa lógica  hayamos ido observando y sintiendo cómo una serie de discursos y prácticas   han ido debilitando la capacidad del mundo del trabajo y sus organizaciones, junto con la capacidad de enfrentar las cada día más paupérrimas condiciones en la cual nos toca desempeñar a los distintos trabajadores, conviviendo con bajos salarios, infraestructuras precarias, jornadas extensas, contratos efímeros y organizaciones jurídicamente y administrativamente debilitadas.

El Estatuto Laboral Joven es un elemento más, pero no por eso una pieza menor  en esta construcción que busca la naturalización de la “precarización”. Debemos entender la precarización como “un proceso en que el sujeto es sometido a presiones y experiencias que lo conducen a vivir una existencia frágil en el presente, sometido a incertidumbres acerca del futuro, con una identidad insegura y carente de un sentido de desarrollo posible por medio del trabajo y el estilo de vida”^[1]. La apuesta de dicho Estatuto, escondido en una propuesta que busca dinamizar el trabajo entre los jóvenes estudiantes, solo encubre la apuesta estratégica de naturalizar la pérdida y ausencia de Derechos  entendidos como irrenunciables  en un sector que se inicia laboralmente, los cuales en una proyección simple puede estar cerca de 10 años bajo dicho  marco jurídico, con la potencialidad de entender durante dicho periodo como normal un proceso en el cual se negocia, concede o pierde los derechos laborales en pos de una seguridad contractual.

Aquella construcción o posibilidad  es plausible en ese sector potencial de trabajadores y no en  aquellos ya asentados y con cierta conciencia de sus derechos mínimos. Debemos sumar a lo anterior que dicho estatuto termina siendo una broma macabra, considerando que dicho proyecto apunta a un sector (jóvenes estudiantes –  trabajadores)  que ha levantado los últimos años la necesidad de la gratuidad universal como expresión de la comprensión estatal de la educación como derecho social. Ante la negativa de dicha aspiración, muchos deben trabajar para poder costear sus estudios, y deben hacerlo en un sector que es de por sí ya precario y sui generis. Es decir, ahora  no solo se les niega la gratuidad, no solo se propicia su sobreendeudamiento, sino que a su vez irónicamente se les ofrece generar las condiciones para el cumplimiento de sus abusivas condiciones, y su propuesta es a condición de la pérdida de derechos laborales, profundizando así su cosificación y degradándolos  a trabajadores sujetos de derechos parciales, en otras palabras a trabajadores de segunda categoría. Desde la clase político empresarial se trata de instalar la idea de que la flexibilidad laboral es para los jóvenes estudiantes- trabajadores, cuando la realidad es que su política encubre una flexibilidad para el empresariado, pues son ello/as quienes ponen las condiciones de flexibilidad, a ellos se les permite poner condiciones flexiblemente abusivas.

Tomando la línea abierta por Polanyi y Standing podemos afirmar  que se vive un proceso de “recomodificacion”, el cual hace referencia a los procesos de reducción  de los beneficios dados por las empresas como de las mismas políticas sociales, observándose un repliegue del Estado. En ese sentido se llevan a cabo políticas destinadas a la limitación de la negociación colectiva y la desregulación y flexibilidad del mercado laboral^[2]  buscando debilitar la capacidad organizativa del mundo del trabajo, y bajo aquella fragilidad  facilitar un mercado desregulado a favor del mundo empresarial aprovechando la coyuntura  que les abre  el cierre de empresas y la percepción de recesión y crisis. Para esta derecha el negociar bajo la práctica de la extorsión no es nueva, y no será la primera ni la última vez que ante un escenario sombrío y de falsas promesas de reactivación económica terminan,  incrementando su capital a costa del miedo y la necesidad de los trabajadores.

En esta precarización,  la  flexibilidad es la punta de lanza en sus distintas formas, pero para lograr su objetivo debe acompañarse de una serie de otras medidas, como una Reforma Laboral que debilite la negociación colectiva, que dificulte la formación y existencia de sindicatos,  que niegue la  titularidad sindical y transforma prácticamente en un imposible la posibilidad de huelga.  Aquello no debemos pensarlo como un supuesto, pues solo basta observar en la actualidad cómo mediante argucias legales y pronunciamientos este gobierno se ha propuesto debilitar aún más una frágil y débil reforma laboral, torciendo e hipotecando por la vía administrativa la capacidad organizativa de los sindicatos. Un ejemplo de lo anterior es el rol asumido por la Dirección Nacional del Trabajo la cual ha ido adecuando sus dictámenes en detrimento de las organizaciones sindicales  y en favor de los grupos negociadores^[3] o la sentencia  dada hace unos días atrás por el presidente Sebastián Piñera, el que a modo de  amenaza  nos adelanta que  buscará “”regular”” la potestad que hoy poseen los sindicatos en cuanto a la aprobación o rechazo de la extensión de beneficios a trabajadores no sindicalizados^.

Hemos de entender y tener claro que no hay casualidad en estas acciones, ellas son parte de una estrategia que esconde la “precariedad” tras el manto de un discurso que lleva años pontificando acerca de las ventajas del emprendimiento y su crítica a la  carrera funcionaria, o la reducción de la indemnización  de los años de servicios a un tope de once para así favorecer la inversión y el empleo. Aquellas  medidas, como las amenazas que buscan hoy ser sentencias, son las promesas de una agenda laboral del gobierno que busca eliminar o debilitar al máximo el mundo del trabajo organizado, para así liberalizar sin obstáculos  aún más nuestras ya débiles prácticas laborales,  para así desarticular lo poco que queda del Estado Social de Derecho, y en esa apuesta el proyecto del Estatuto Laboral Joven, simplemente busca ser el corolario  de la desprotección y  la explotación.

                Frente a estos hechos sólo nos queda la conciencia y la organización.

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^[1]Hernán Cuevas Valenzuela Polis Revista Latinoamericana, Volumen 14, Nº 40, 2015, p. 313-329 Precariedad, Precariado y Precarización. Un comentario crítico desde América Latina a The Precariat. The New DangerousClass  de Guy Standing

^[2] Guy Standing citado en Hernán Cuevas Valenzuela “Precariedad, Precariado y Precarización. Un comentario crítico desde América Latina a The Precariat. The New DangerousClass  de Guy Standing”  Polis”Revista Latinoamericana, Volumen 14, Nº 40, 2015, p. 313-329

^[3] Véase Ordinario de la Dirección Nacional del Trabajo N° 3958/033 de 27 de julio 2018