Sobre debate por la promoción automática

Como trabajadoras y trabajadores de la educación, agrupados en el Movimiento por la Unidad docente, respaldamos la propuesta de la promoción automática, dadas las implicancias educativas, emocionales y sociales que tendría el solo hecho de abrir una posibilidad a la repitencia en el actual contexto.

¿Por qué el MINEDUC no quiere decretar la promoción automática y nos obliga a calificar en medio de una pandemia? ¿Será sólo porfía ideológica? ¿Tecnocrática? Una posible hipótesis: decretarla reforzaría la idea del no retorno y, por temas económicos, como sabemos, debe haber “normalidad lo antes posible”. Es extraña aquella tozudez, porque sus argumentos pedagógicos para sostener la calificación, se caen por sí mismos. Es tan simple como el hecho de que no se puede calificar si las y los estudiantes no han tenido posibilidad de aprender aquello que se evalúa y califica.

Quienes afirman que ante la declaración oficial de la promoción automática las y los estudiantes se desmotivarán, que dejarán de hacer lo que con mucha dificultad ya hacen (un pequeño segmento que tiene las condiciones materiales, familiares y emocionales) y se terminará por profundizar la deserción, olvidan que la pérdida de sentido de las y los integrantes de las comunidades escolares no es algo coyuntural o propio de esta pandemia, sino que se trata, más bien, de una consecuencia del derrumbamiento de la educación pública y su proyecto educativo, en manos de la mercantilización, la estandarización y la rendición de cuentas.

Es peligroso postular ese axioma que une la promoción automática con la desvinculación de la escuela. Simplificarlo sería caer en lo siguiente: con la promoción automática, las y los estudiantes se desvinculan de la escuela, porque no tienen “presión”. Eso es darle el favor a la mirada unilateral de la evaluación en su función social (como medio de acreditación, selección, etc.). Es cierto que esa mirada es parte de los debates que hoy están teniendo las escuelas (donde se encuentran distintas visiones), pero el punto es el siguiente: no estar de acuerdo con la promoción automática, implica estar de acuerdo con la posibilidad de que algún estudiante pudiera repetir, ¿es eso justo? ¿Cómo discriminaremos cuál estudiante está en condiciones de repetir?, ¿por asistencia, por nota? Ninguna de las dos es posible de pedir en este contexto, es COMPLETAMENTE INJUSTO. En las actuales circunstancias una calificación (con las consecuencias que genera) sólo sería un castigo a quienes no han podido acceder a la educación en estos difíciles momentos.

Hoy no se pueden considerar los criterios de repitencia establecidos en el Decreto 67 (asistencia y logro de objetivos, expresados en calificaciones finales), porque simplemente no ha habido condiciones para que eso se cumpla. Para evaluar (y sobre todo para calificar) como mínimo se requiere que las y los estudiantes hayan tenido oportunidad de aprender aquello que se evalúa (llevar a cabo procesos evaluativos y procedimientos acordes, alineados con los objetivos de aprendizaje y la existencia de retroalimentación efectiva y oportuna que permita rehacer las tareas evaluativas). Por eso insistir a las escuelas para que éstas cuenten con calificaciones (al menos una) como respaldo del “desempeño” y “aprendizaje” de las y los estudiantes en contexto de pandemia, sólo castiga a las/os desaventajadas/os, encontrándonos en un problema grave de justicia educativa.

Otra idea importante es reforzar que la promoción automática no implica abandonar a las y los estudiantes en su proceso educativo y acompañamiento, sino más bien quitar la presión social en el actual contexto, entendiendo que, apenas se pueda, habrá que levantar información sobre sus condiciones psico-sociales y familiares, sobre qué y cómo aprendieron en este contexto de pandemia y por supuesto, sobre cómo llevaron a cabo sus múltiples aprendizajes en este periodo. Por tanto, apoyar la promoción automática es quitar una presión sobre un proceso que implica un problema de justicia educativa y, por ende, de justicia evaluativa.

Por eso, de no aprobarse la moción parlamentaria que la consagraría, como magisterio, como docentes, pedagogos y trabajadoras/es de la educación, debemos levantar un discurso claro: “LAS Y LOS PROFESORES NO VAMOS A REPROBAR A NINGÚN ESTUDIANTE ESTE AÑO”. Ese debe ser nuestro compromiso ético. Así promovemos también que en las escuelas se debata y se tome una postura que vaya más allá de las frías oficinas ministeriales repletas de técnicos.

Hay un párrafo clave en el documento emanado recientemente por el Mineduc a través de la UCE sobre “Criterios de evaluación, calificación y promoción de estudiantes de 1° básico a 4° año medio”:

“¿Qué decisión tomar cuando un estudiante no ha tenido un vínculo permanente con el establecimiento? Es responsabilidad del establecimiento realizar todos los esfuerzos de contacto (visitas, correos electrónicos, llamadas, etc.). Levantar información sobre el porcentaje de estudiantes en situación crítica de conectividad, generar un plan preventivo y establecer un equipo a cargo de estos estudiantes. Debe iniciarse desde la educación remota este plan preventivo. Si a pesar de estos esfuerzos no hay forma de contactarlos o el contacto ha sido inestable se recomienda activar el comité de evaluación que junto al equipo directivo podrá tomar la decisión de promoción o repitencia” (pp.7-8).

Esta orientación, que se respalda en lo dispuesto en el Decreto 67 sobre la responsabilidad que tienen los equipos profesionales para tomar decisiones en relación a la promoción de las/os estudiantes, en este contexto, es un problema. Pues, por una parte, no podemos obviar que esta normativa recién comenzó a implementarse de modo práctico este año en las escuelas (aún está en rodaje inicial y su apropiación requiere tiempo); y por otra, NO ESTAMOS EN UN AÑO ESCOLAR REGULAR, puesto que el 2020 es un año en que Chile y el mundo atraviesa una profunda crisis. Requerimos un criterio común que ponga como prioridad la justicia, el resguardo a nuestras/os estudiantes y el interés superior de la niña y el niño. Y en eso, el Estado no puede desentenderse, tiene una responsabilidad central. El mismo decreto lo señala: se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. Por tanto, hay que actuar en consecuencia. Desde nuestra lectura, bajo la porfía del Mineduc, ¿quiénes se verían perjudicadas/os? quienes no han podido tener contacto con sus escuelas y docentes, es decir, las/os más desfavorecidas/os por esta crisis sanitaria, social y económica. La profundización de las injusticias es responsabilidad de este Gobierno. Las y los docentes no seremos parte de esto.

Movimiento por la Unidad Docente

2020 – Año de la Pandemia