El populismo punitivo del Diputado Henry Leal (UDI)
La convivencia escolar es un tema fundamental en el debate educativo actual, pero su resolución no puede ni debe abordarse desde la lógica del control y la seguridad punitiva. La reciente controversia en Temuco, donde la Superintendencia de Educación ha iniciado un proceso sancionatorio contra el municipio por la instalación de un pórtico detector de metales en un establecimiento educacional, ha generado una reacción altamente preocupante por parte del diputado Henry Leal (UDI).
En declaraciones publicadas por El Austral el 17 de marzo, el parlamentario no sólo criticó el actuar de la Superintendencia y anunció que desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados citarían al ministro de Educación a “dar explicaciones”, sino que además atacó personalmente al funcionario a cargo del caso, afirmando que “en un gobierno nuestro, un funcionario así, duraría un minuto en su cargo”. Estas palabras no son solo un exabrupto político, sino una amenaza directa a la independencia de los órganos fiscalizadores, al principio de legalidad y a la función profesional pública.
Como profesoras y profesores, nos preocupa que la reacción del diputado revela un enfoque profundamente reduccionista y punitivista sobre la convivencia escolar, que pretende resolver los problemas educativos con dispositivos de seguridad propios de un penal carcelario, esto cuando la evidencia científica no sustenta este tipo de medidas. Hoy se requieren fortalecer estrategias pedagógicas, programas de prevención y modelos de intervención basados en derechos y no replicar livianamente, sin ningún fundamento pedagógico ni de evidencia investigativa, la lógica del castigo y la sospecha.
Lo que dice la ley y desconoce el Diputado
Se esperaría que un Diputado de la República que busca opinar sobre temas educativos, al menos, conozca la normativa educacional al respecto, la cual, por cierto, va más allá del signo político de uno u otro gobierno.
El Dictamen 65 de la Superintendencia de Educación establece con claridad que la instalación de pórticos detectores de metales en los colegios es contraria a la normativa vigente. Entre otras razones, porque:
- Vulnera la Convención sobre los Derechos del Niño, afectando su derecho a la vida privada, honra y reputación (artículo 16).
- Contraviene la Ley de Garantías de la Niñez, que resguarda la protección de datos y la vida privada de los estudiantes (artículo 33).
- Transgrede la Ley General de Educación, que establece que las comunidades educativas deben garantizar un ambiente de respeto y no discriminación.
- Genera estigmatización y segregación, afectando el derecho a la educación al condicionar el acceso y permanencia en los establecimientos.
En ese sentido, la Superintendencia no solo actúa conforme a la ley, sino que cumple su mandato de garantizar que las medidas adoptadas por los establecimientos respeten los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, establecidos no solo en la legislación nacional, sino que también internacional.
El peligro de la política del miedo
Más allá del caso puntual, lo que se encuentra en disputa es el enfoque sobre cómo abordar la convivencia escolar. Mientras algunos sectores insisten en soluciones que refuerzan el miedo y el control, expertos en educación, organismos de Derechos Humanos y la propia Superintendencia sostienen que la violencia en las escuelas no se combate con medidas punitivas, sino con estrategias integrales basadas en el buen trato, la mediación y la educación en derechos.
Es altamente preocupante el lugar a donde los sectores más conservadores quieren llevar a la ciudadanía con este debate, pues con medidas como éstas, no estamos hablando solo de pórticos, sino de una concepción de las y los estudiantes como potenciales delincuentes en vez de sujetos de derechos.
El problema de fondo no es la seguridad en las escuelas. El problema del crimen, la delincuencia y la violencia en general, son un problema social que trasciende ampliamente las fronteras de ésta, y que responde a la precariedad de la vida y al fracaso de un Estado que ha abandonado su rol garante de una vida digna. La escuela es solo un reflejo de lo que nos acontece como sociedad. Si queremos abordar este tema desde la educación, entonces son otras las preguntas que inevitablemente nos debemos hacer, si es que queremos enfrentar el tema de manera seria: ¿Dónde está la preocupación por un currículum pertinente y contextualizado, por la infraestructura deficiente, por la falta de apoyo psicosocial, por la sobrecarga docente o la ausencia de recursos para la implementación de un adecuado programa de convivencia educativa? Convertir la escuela en un espacio de vigilancia solo profundiza el problema y demuestra el fracaso del Estado y las políticas educativas respecto al sistema educativo y la sociedad en su conjunto.
Defender la educación, no el autoritarismo
Las declaraciones del diputado Henry Leal (UDI) no solo son una falta de respeto hacia un funcionario que cumple con su deber, sino que revelan una pretensión de coacción y amedrentamiento para condicionar la labor de los organismos fiscalizadores. La independencia de la Superintendencia de Educación es clave para garantizar el cumplimiento de la ley, y no puede estar sujeta a presiones políticas. Su rol es claro y está regulado en la ley: fiscalizar la correcta aplicación de la normativa educacional.
Si la escuela empieza a parecerse a una cárcel, significa que como sociedad hemos renunciado a educar. La violencia en los colegios no se soluciona con detectores de metales, sino con una verdadera educación pública, con recursos suficientes y pertinentes, y con estrategias de convivencia basadas en el respeto, el diálogo y la participación. Ese es el verdadero desafío. Todo lo demás es populismo punitivo, estrategia que un abogado, como lo es el sr. Leal, sabe manejar muy bien.
