Comunicado Público de Organizaciones Sociales y Políticas de Chile ante la Presión Militar de EEUU a la República Bolivariana de Venezuela
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En Chile, los hechos de tortura tienen larga data en la historia. Junto a esto, sus víctimas han transitado por siglos entre las intenciones del olvido impuestas por quienes han pretendido mantener el orden político antes que lograr hacer justicia por los actos cometidos en el pasado. Si bien podemos llegar hasta tiempos de la colonia para referir la tortura, sin duda, nuestro pasado reciente se enmarca en el Golpe de Estado de 1973 y posterior Dictadura como una huella latente en nuestra sociedad, especialmente para quienes vivenciaron en carne propia sus horrores y que tras el estallido de octubre rememoraron esos oscuros días.
La tortura, entendiéndose como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión (…)” está prohibida por el derecho internacional y JAMÁS tiene justificación. Ante esto, debemos considerar un punto importante en su definición, referido a que aquellos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia (…) ”. Este último punto es esencial porque explica qué es el terrorismo de Estado e identifica las responsabilidades de quienes lo ejecutan.
La sistematización de la tortura estatal, o terrorismo de Estado, se desató descarnadamente posterior al golpe cívico-militar de 1973 contra mujeres y hombres que apoyaron el proyecto socialista de la Unidad Popular. El origen de esto en Chile se situó en la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes, San Antonio y las Cabañas de Veraneo de Las Rocas de Santo Domingo. Este surgimiento fue identificado por el periodista Javier Rebolledo, dando cuenta de la formación en prácticas de tortura de cientos de integrantes de la nacida Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y por medio de los conocimientos adquiridos por los Generales en la Escuela de las Américas. Esta escuela norteamericana, nutrida de las experiencias e instrucciones de los franceses en Argelia, representa las garras del imperialismo hundidas en las tierras donde el pueblo eligió democráticamente al primer gobierno marxista en el mundo entero.
Javier Rebolledo y la Fundación por la Memoria de San Antonio, agrupación originada gracias al trabajo de Ana Becerra, sobreviviente de Tejas Verdes/Santo Domingo, identifican el denominado “triunvirato de la muerte”, el cual considera al casino de suboficiales de la Escuela de Ingenieros, el campo de prisioneros n°2 y las cabañas de veraneo en las Rocas de Santo Domingo, como el origen de la desaparición y la enseñanza de la tortura en Chile. Ana es fiel testigo de lo que ahí sucedió.
Tras la esperanza del “retorno de la democracia”, el Informe Rettig y el Informe Valech fueron documentos con que el Estado realizó la supuesta “reparación” para con las víctimas de Tortura y desaparición en el país, pero la justicia también fue una ilusión: los criminales de lesa humanidad gozan en un palacio tras las rejas y con jubilaciones de primera clase; se mantiene el manto de silencio en las Fuerzas Armadas y hay cientos de familiares de detenidxs desaparecidxs que aún desconocen el destino de sus seres amados. La continuidad de los silencios, cuya consecuencia es el olvido, ha estado determinada, además por el clima de impunidad impuesto en los procesos de transición a la democracia, siendo la amnesia colectiva una de las barreras más grandes para la reparación de las víctimas.
Es en este contexto de “verdad sin justicia” en que las víctimas de la tortura adquieren relevancia en una lucha constante contra el olvido y así, con la reparación simbólica de sus heridas en el presente. La historia la escriben las y los vencedores pero estos también la olvidan, en cambio, las víctimas de la violencia están, de una u otra forma, condenadas a rememorar las heridas de “un pasado que no pasa”, esto porque no poseen los canales de expresión que permiten una superación del trauma o, generalmente, los vencidos simplemente no están en el centro de la memoria pública o las reparaciones del Estado.
Cabe preguntarnos, ante esto, ¿Cuál es nuestro rol como docentes frente a las víctimas de la tortura en el pasado reciente? Los esfuerzos para educar en Derechos Humanos han sido débilmente incorporados en la enseñanza de las nuevas generaciones, el Estado no ha asumido esta urgencia y quienes han cumplido con esta necesaria tarea “para el nunca más” son instituciones u organizaciones vinculadas a los sitios de memorias y lxs sobrevivientes de la tortura. Este noble esfuerzo y demostración de enorme entereza humana, no es suficiente si no se plantea una educación donde el respeto a los Derechos Humanos sea un principio de primera línea: en todas las escuelas, en la educación superior y necesario, también, para las formación a las Fuerzas Armadas de este país. No ha sido suficiente porque con profundo dolor e impotencia hemos sido testigos de la violación a los derechos humanos desde la rebelión popular de octubre: mutilaciones, violaciones y vejaciones sufridas por cientos de chilenas y chilenos por ejercer el derecho a protestar y manifestarse contra este modelo impuesto en dictadura y, así, buscar la construcción de un nuevo Chile.
La Fundación por la Memoria de San Antonio, desde el año 2014 se encuentra recuperando, como sitio de memoria, el lugar donde estuvieron las cabañas de veraneo construidas por el gobierno de la Unidad Popular en las Rocas de Santo Domingo y que fue usado tras el golpe de Estado como una verdadera escuela de tortura. Esta recuperación más allá de de lo simbólico de la materialidad allí existente se construye como un proyecto que, en manos de las víctimas de la tortura, busca superar las heridas de este pasado por medio de una pedagogía de lo allí vivido. Por esto es que su trabajo no solo se enmarca en la construcción de un relato común sobre el pasado traumático, de realizar visitas guiadas y preservar la memoria. Sino que se fundamenta especialmente en el carácter formativo para las nuevas generaciones, fortaleciendo el espíritu cívico y el compromiso con los Derechos Humanos. Esto, principalmente porque a pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Chile aún no tipifica como delito la tortura ni tampoco ha implementado un sistema de prevención.
Las y Los docentes que nos comprometemos con los Derechos Humanos, realizamos prácticas de enseñanza para ello y varias veces hemos sido “castigadxs” o censuradxs en espacios educativos donde la dirección de los establecimientos educacionales no las aprueba. No debemos dejarnos vencer por “la libertad de enseñanza” neoliberal; la enseñanza en Derechos Humanos es tan imprescindible para comprender y aprender del pasado reciente, como para dotar a nuestrxs estudiantes de este valor para nuestro presente y futuro, pero más importante aún, aportar con la reparación de las víctimas a través del reconocimiento y continuidad de los relatos que constantemente han sido cubiertos por el velo del olvido.
Cuando el Estado no ha sido un ente que ha logrado reparar el daño de las víctimas en el pasado y en el presente de la violencia política del país, nuestro rol como docentes hacia las víctimas debe erigirse a través del desarrollo de la memoria de nuestros eventos traumáticos, del involucramiento territorial con individuos, orgánicas y/o agrupaciones construidas por quienes sufrieron el horror de la tortura por parte del Estado y, de esta forma, desarrollar una pedagogía que sustente sus pilares en una enseñanza basada en el respeto a los Derechos Humanos y los valores democráticos en medio de una sociedad profundamente herida y olvidada.
SECCIÓN SAN ANTONIO
MOVIMIENTO POR LA UNIDAD DOCENTE
