EL DEBATE EDUCATIVO DEL AÑO 2025: GOBIERNO, DERECHAS Y TRABAJADORES/AS DE LA EDUCACIÓN

La ofensiva de las derechas

Tras el cierre institucional del proceso constitucional iniciado por la Revuelta Popular de 2019, el gobierno de Gabriel Boric ha enfrentado un escenario complejo, marcado por una constante sensación de fragilidad y debilidad. Esto se debe, en gran medida, a la presión de una oposición que ha buscado recuperar la iniciativa política mediante la institucionalidad, aprovechando especialmente su poder parlamentario y mediático. A esto se suma la falta de convicción y claridad para defender los aspectos centrales del programa de gobierno, debilidad que lo ha llevado finalmente a claudicar permanentemente a través de la vieja política de los consensos.

En el ámbito educativo, esta dinámica se ha traducido en negociaciones forzadas que han llevado al gobierno a ceder en aspectos clave de su programa. Un ejemplo concreto de esta situación son los Compromisos en Educación (noviembre 2024) en el contexto del debate por la ley de Presupuesto 2025, donde el Ejecutivo se vio obligado a modificar su agenda para alcanzar un consenso con la derecha a fin de aprobar la ley.

De la mano de esta ofensiva institucional, se observa una arremetida ideológica-académica en el plano educacional. El hito más significativo al respecto, es la publicación por el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo, del libro titulado “Reprobado: una década perdida en educación” (2024), cuyo propósito es evaluar las reformas impulsadas por Bachelet, que son defendidas por el actual gobierno. Por cierto, todo este proceso se ha acompañado de una fuerte campaña comunicacional con permanentes columnas de opinión en contra de la instalación de la ley de Nueva Educación Pública (NEP) y el Sistema de Admisión Escolar (SAE), entre otros puntos.

Estos elementos nos permiten afirmar que se ha configurado un escenario definido en lo sustantivo como una ofensiva de los sectores neoliberales conservadores defensores del modelo educativo mercantil originario. Su propósito es claro: retrotraer aspectos importantes de las reformas bacheletistas, las cuales, por cierto, lejos de eliminar el mercado educativo operaron en una perspectiva de neoliberalismo corregido y articulado en torno a un Estado Evaluador, obviamente con fuertes lógicas de privatización endógena y de nueva gestión pública. En otras palabras, dichos sectores buscan restaurar los principios del modelo neoliberal primigenio instalado por la dictadura.

La agenda del gobierno 2024

El año 2024 tuvo cinco hitos educativos impulsados por el Gobierno:

1. Proyecto de Ley de Convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas

Este proyecto se presentó al Congreso a mediados del primer semestre del 2024 y actualmente sigue en discusión parlamentaria. Como bien ha planteado la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (FENATED) en su “Análisis del proyecto de ley de Convivencia Escolar, buen trato y bienestar”, la iniciativa cuenta con contradicciones que pueden entorpecer el objetivo que este proyecto proclama, que es robustecer y actualizar el marco normativo en torno a la temática. Por un lado, genera confusión con el rol de los reglamentos vigentes al interior de la escuela y, por otro, la articulación de las distintas instituciones se muestra insuficiente.

Lo más grave, es que el proyecto de ley no cuenta con presupuesto que respalde su implementación y por esa vía otorgue condiciones materiales para mejorar la Convivencia en escuelas y liceos, que permitan, por ejemplo: fortalecer el apoyo de equipos psicosociales o ampliar las horas de aquellos docentes con jefaturas que juegan un rol clave en el vínculo con las familias.

Uno de los logros que ha obtenido el gobierno, ha sido el respaldo a-crítico de la conducción del Colegio de Profesores/as dirigido por Mario Aguilar, quien ha impulsado movilizaciones para acelerar su aprobación, dotando al gobierno de esta manera de una base social movilizada de respaldo, cuestión inédita en los últimos años.

2. Ley Deuda Histórica

Tal como se comprometió en su Programa, Boric impulsó una ley de reparación sobre la Deuda Histórica, la cual se encuentra promulgada, cerrándose así, un largo ciclo de lucha del magisterio. La resolución de este tema no estuvo exenta de tensiones. Lo llamativo sobre el punto fue la inexistencia de una negociación con el Colegio de Profesoras/es encabezado por Aguilar, quien nunca instaló una contrapropuesta en la mesa, aceptando así la oferta del gobierno, la cual ha sido cuestionada por un importante número de docentes debido a los exiguos montos y lo excesivo de los años de la progresión de los beneficiarios. En efecto, el monto bordea los 5 millones, se pagará gradualmente en un plazo de 6 años y en dos cuotas. Lo cual está muy alejado de lo obtenido por los docentes que ganaron la demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos montos en algunos casos sobrepasan los 20 millones (en el acuerdo del 2024 se prohíben nuevas acciones judiciales) y, también está lejos del Informe sobre Deudas Históricas emitido por el Congreso Nacional del año 2009, en donde se propuso un monto de 10 millones y un incremento de pensiones.

3. Proyecto de Modificación a la Ley 21.040 y Ley de Presupuestos 2025

Quizás la Ley de Nueva Educación Pública sea uno de los hitos fundamentales en los que se cristaliza el debate educativo de los últimos años. En términos de la lógica de construcción de una política educativa, esta ley, en pleno proceso de implementación, se ha acompañado de un proceso inédito en la forma en cómo se elaboran y ajustan las reformas educativas. Nos referimos al hecho de que las modificaciones han estado operando mediante negociaciones en el Parlamento usando para ello la ley de Presupuestos y no propiciando un debate que se condense en una clara política educativa que apueste a cambios de fondo.

Así, por ejemplo, a fines del año 2023 se firma ya un primer acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado que establece una serie de condiciones para la aprobación de la Ley de Presupuestos 2024. En el acuerdo de ese año, uno de los preceptos centrales versaba sobre la necesidad de retrotraer algunos SLEP y establecer diversos cambios normativos en relación al funcionamiento de la ley 21.040. De ahí se desglosan flexibilizaciones para la gestión de los Servicios Locales y algunas atribuciones para el Mineduc. Estos ajustes están presentes en los articulados de la propia ley de presupuestos 2024 y del reajuste del sector público del mismo año. De este modo, el cierre del 2024 fue una especie de déjà vu donde se replica este tipo de acuerdos, pero bajo condiciones mucho más vinculantes.

Este proceso ha sido conceptualizado por algunos analistas como “cogobierno” de la educación^[1], pues se establecen ciertos “permisos” con que la oposición determina lo que se avanza y lo que no en la agenda política del gobierno. Esto además plantea una continuidad política en el ideario de la derecha de mantener la educación pública bajo la administración que diseñara la Dictadura, es decir, mantenerla en el sistema municipal. De esta manera, los municipios con más recursos y alcaldías de Chile Vamos han sido los primeros en solicitar la postergación que permite la ley 21.040 en el artículo 10 transitorio. Por lo tanto, SLEP Manquehue^[2] (Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia y La Reina) se posterga, lo mismo que Zapallar en el SLEP Petorca^[3].

Por lo tanto, no es sorprendente que, en las 25 condiciones establecidas por el Senado al Gobierno, en términos de la aprobación de la Ley de Presupuestos 2025, se contabilicen al menos seis que dicen relación con los Servicios Locales de Educación Pública, como también sobre el Sistema de Admisión Escolar (SAE).

4. Congreso Pedagógico-Curricular

En diciembre del año 2024, el gobierno ingresó al Consejo Nacional de Educación la propuesta de actualización curricular, la cual fue construida, entre otros aspectos, mediante la apertura del proceso a través de la participación en el Congreso Pedagógico y Curricular. Todo indica que lo sustantivo de la propuesta es el cambio en la arquitectura curricular (objetivos terminales en lógica de trayectorias). Con todo, la lógica racio-técnica hegemónica del modelo curricular vigente orientado hacia una sociedad neoliberal que promueve el individualismo y la competencia con un fuerte componente academicista, se mantiene. En efecto la pregunta sobre la finalidad formativa: el para qué, como ha hecho notar el académico Luis Ossandon, estuvo ausente de la discusión.

5. Financiamiento Público para la Educación Superior (FES)

A inicios de octubre del 2024, a través de una cadena nacional, el presidente Boric informó al país del proyecto que busca superar al Crédito con Aval del Estado o CAE. Como tal, la iniciativa legal tiene tres ejes: condonar parcialmente a los deudores del CAE, reorganizar la deuda de quienes no tengan derecho a la condonación y establecer un nuevo mecanismo que reemplace al CAE. Mirado de esta manera, el proyecto a todas luces no viene a resolver el problema estructural del financiamiento de la Educación Superior, por el contrario, mantiene la vigencia del endeudamiento, premia a quienes han sido constantes en el pago de una deuda interminable (valida el endeudamiento) y, por último, establece un sistema de retribución mediante una cuota mensual del 8% que, en la mayoría de los casos, puede extenderse por hasta más de 20 años (por cada semestre cursado son dos años).

En términos generales el proyecto saca a la banca privada del rol de prestamista y, por tanto, al Estado como aval de la deuda, pero no se observa un fortalecimiento de las instituciones públicas.

2025:  El Programa del gobierno que no se ha cumplido y la educación de mercado que se mantiene intacta 

A un año del fin del actual gobierno, es relevante examinar qué prometía el programa de Gobierno en educación. Nos detendremos sólo en algunos aspectos.

a. Democratización de los procesos educativos. El programa promete que las modificaciones a la Nueva Educación Pública, implicarán “mejorar la representatividad, participación y relevancia de los actores locales y educacionales en su gobierno” (corrigiendo la actual disparidad entre el Consejo Local de Actores y el Consejo Directivo Local). Para ello se postula la “participación resolutiva de los actores de las comunidades educativas, aumentando las atribuciones de las instancias colectivas”. Ninguno de los dos proyectos de ley ingresados para corregir los SLEP incorporan una medida tendiente a este propósito y solo se enfocan en la crisis de la instalación como resultado de problemas de gestión del sistema.

b. Cambio del sistema de financiamiento de la educación. En este sentido el programa señala que se removerán “las dinámicas de mercado de la educación, para ello propondremos un nuevo sistema de financiamiento público de los establecimientos educacionales, que no se base en promover la competencia, sino en garantizar el derecho a una buena educación, haga justicia con la educación rural y de zonas aisladas, la educación de adultos y aulas hospitalarias, y logre una mejor regulación de la oferta educativa local; además, reforzaremos el término del lucro en la educación subvencionada por el Estado”. A pesar de que, en el marco del paro de 2023, el actual ministro se comprometió a avanzar mediante una mesa de trabajo con el Colegio de Profesoras/es, hasta la fecha no se ha registrado ningún avance al respecto.

c. Cambio del sistema de evaluación nacional de educación. El programa plantea poner fin al SIMCE. “Reemplazaremos el sistema de evaluación nacional con foco en las pruebas estandarizadas, el control y las sanciones, por un sistema de acompañamiento con sentido formativo, sin consecuencias asociadas a resultados de aprendizaje, centrado en el profesionalismo docente, el mejoramiento continuo y el aprendizaje integral. Para ello se diseñará un modelo multinivel: nacional, local del sostenedor y aula.” Sobre este punto, central en la articulación de una educación de mercado y en la estandarización y agobio del trabajo docente, nada se ha avanzado. Más aún, hoy se celebran la mejora en los resultados sin la presencia de ningún análisis crítico del instrumento.

d. Educación No sexista. Se señala que se “impulsará una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria que reconozca la diversidad sexual, cuestione los estereotipos de género, y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas”. A la fecha no hay un proyecto de ley.

2025: un año de agudización de la lucha educativa al interior de la elite, ¿y el movimiento social educativo?

Pese a los proyectos de ley aprobados y aquellos que se discuten en el Congreso, es evidente que el actual gobierno ha mantenido intacto el modelo educativo de mercado, limitándose sus políticas a aspectos de gestión, organización y actualización. La promesa de remover el neoliberalismo educativo no se ha cumplido.

Esta afirmación se sustenta en el hecho de que tres iniciativas declaradas en el propio programa que permiten avanzar hacia un proceso de desmercantilización educativa, no han sido impulsadas ni puestas en debate. Nos referimos a la democratización educativa para fortalecer la educación pública, al cambio de financiamiento de la educación pública y al reemplazo del Simce como mecanismo regulador de la calidad educativa en el mercado.

En este difícil escenario, la táctica de las derechas, como hemos señalado, ha sido impulsar una fuerte ofensiva restauradora de aquellos aspectos más ortodoxos del modelo privatizador, fijando para ello su crítica en las reformas de ajustes de mercado de Bachelet. 

Todo indica que el año 2025 se verificará una fuerte pugna entre el gobierno y las derechas, pugna que no debe ser vista como entre fuerzas pro mercado o anti mercado, sino que más bien entre los defensores del modelo originario de mercado y aquellos que han promovido un neoliberalismo educativo corregido.

Los datos indican que la pugna se articulará, en lo esencial, en torno a la reforma de la Nueva Educación Pública, la modificación del Sistema de Admisión Escolar (inclusión escolar) y el fin al CAE. En un segundo nivel de la discusión estará el proyecto de Convivencia y la respuesta del Consejo Nacional de Educación a la propuesta de actualización curricular.

Con respecto al movimiento social, es un hecho que las organizaciones educativas atraviesan un proceso de reflujo que las ha mantenido impotentes de incidir en el debate educativo. Por eso, y más allá de esta debilidad objetiva, se hace necesario y urgente avanzar en, al menos, tres aspectos centrales:

• Impulsar procesos de articulación desde las bases de las organizaciones, articulación que debe sustentarse y proyectarse estratégicamente en torno al proyecto de Educación Pública Estatal, Comunitaria y Feminista, como horizonte de propuesta alternativa a la educación de mercado. Un hito relevante al respecto fue el encuentro del año 2024, convocado por la Red Estrado Chile. Se debe retomar este camino, no con la urgencia de responder a cada coyuntura, sino que más bien, actuar sobre esta para proyectar el fortalecimiento de la organización y la conciencia de las y los trabajadores de la educación que permitan perspectivar luchas estructurales a largo plazo. 
• Asumir, para el año 2025, como eje prioritario de la lucha educativa, la discusión en torno a la Educación Pública y sus reformas, enfatizando en el cambio de financiamiento y la democratización del sistema.
• Visibilizar y fortalecer los procesos de experimentación pedagógica que docentes desarrollan a lo largo del país.