Como profesoras/es de aula, trabajadoras/es de la educación, dirigentas/es del Colegio de Profesoras/es, sindicatos y federaciones de establecimientos pagados y particulares subvencionados, agrupados en el Movimiento por la Unidad Docente (MUD), queremos expresar nuestra preocupación por el foco discursivo y comunicacional con el cual la conducción del Directorio Nacional de Colegio de Profesoras/es (encabezada por Mario Aguilar, apoyado por el PS y PC) están abordando los complejos problemas de agresión a docentes que hemos visto esta semana.
Como lo hemos ya señalado, es necesario superar la consigna rápida e ir al fondo: el principal responsable es el Mineduc, que no ha entregado los recursos ni orientaciones para darle soporte a una verdadera y profunda inclusión escolar. Esto en el marco de fondo de un modelo educativo privatizado, segregador, competitivo, estandarizado y con lógicas de lucro, cuyas manifestaciones de crisis se expresan en distintos escenarios, dentro y fuera del aula, uno de ellos como el que hemos conocido dramáticamente estos días.
Para este lunes 24 de marzo, el Directorio Nacional ha realizado una convocatoria de movilización sin ningún objetivo claro de lucha, sin análisis estructurales, ni orientación para desarrollar un profundo diálogo reflexivo al interior de las comunidades escolares. Se ha dicho que es para “presionar” por el Proyecto de Ley de Convivencia Escolar presentado por el Gobierno, un proyecto que no tiene ningún tipo de financiamiento para apoyar el trabajo de convivencia en las escuelas y que, como se sabe, no resuelve en absoluto el problema que hoy se vive. Plantear lo contrario es demagogia y populismo gremial. Es oportunismo para que una vez aprobado este proyecto, se diga que “el gremio avanzó”, cuando la realidad dentro de la escuela seguirá lejos de aquello. Se trata de un proyecto a todas luces insuficiente, pero que el presidente del gremio está obstinado en defender a rajatabla. Por otra parte, rechazamos categóricamente la consigna del Directorio Nacional: “Que educar no nos cueste la vida”, pues representa una lógica de victimización y antagonismo con las y los estudiantes, dando a entender que estos son criminales. Es una consigna que no refleja cómo las y los docentes entendemos y asumimos nuestra labor cotidiana que de por sí es compleja pero no por los estudiantes como “enemigas/os”, sino por un modelo que desde hace mucho se propuso abandonar un proyecto nacional educativo integral y participativo.
No necesitamos más campañas de miedo y polarización, tenemos suficiente con las que promueven los sectores conservadores del país. Por el contrario, necesitamos transformaciones de fondo al sistema escolar: financiamiento basal, suficiente y pertinente para la implementación de las políticas educativas; necesitamos participación democrática que involucre a todas y todos los actores; necesitamos reflexión y elaboración curricular contextualizada; así como también necesitamos reconstruir lazos, confianzas, y hacer comunidad. Para eso, lo que se requiere es una conducción del magisterio con una mayor capacidad crítica y política.
